Aunque les dictaron libertad provisional, la detención y procesamiento de 23 familiares y allegados del ex dictador chileno Augusto Pinochet por malversación de caudales públicos, les hizo sentir el peso de una Justicia que les fue negada a los miles de chilenos que fueron secuestrados, torturados y asesinados durante el gobierno de facto que desangró Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Según la resolución judicial, existen presunciones fundadas de que los procesados participaron en el desvío hacia cuentas personales de Pinochet de fondos reservados. Desde los años ’80 había acumulado en esas cuentas, en las que figuraba con al menos una decena de nombres falsos, una fortuna superior a los 26 millones de dólares. De esa suma sólo se ha podido acreditar la legalidad de unos seis millones de dólares.
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